Incapacidad Permanente

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Conseguimos el reconocimiento de su incapacidad permanente

Es posible que a lo largo de nuestra vida podamos sufrir enfermedades o accidentes que dificulten el desarrollo de nuestra profesión habitual de una manera permanente o definitiva. El Estado establece una serie de ayudas o pensiones para compensar estas situaciones lo más posible, dependiendo del grado de Incapacidad que tenga la persona afectada.

abogados incapacidad permanente
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¿Qué entendemos por Incapacidad Permanente?

La Incapacidad Permanente se puede definir como la situación del trabajador que, “después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médica, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral”, de conformidad con el artículo 193.1 TRLGSS

Es decir, al igual que en la Incapacidad Temporal, aquí el afectado se ve impedido para trabajar, pero en este caso con carácter definitivo o permanente, lo que no implica necesariamente que nunca más vaya a mejorar su situación, pero sí lo hace altamente improbable.

Podemos habar, en términos generales, de dos tipos de incapacidad permanente:

  • Incapacidad Permanente no definitiva: es la que tan sólo suspende el contrato de trabajo, dado que aún se considera que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral, a tenor de lo dispuesto en el art 48.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET). El plazo durante el que se puede mantener esta situación es de dos años.
  • Incapacidad permanente definitiva: se trata del caso más común, ya que se entiende que las lesiones que originan la incapacidad son previsiblemente definitivas, y por ello, la declaración de incapacidad permanente en tres de sus grados (total, absoluta o Gran Invalidez) extingue al contrato de trabajo, según el ert 49 e) ET.

Más información sobre incapacidad permanente

No obstante, existen cuatro grados de Incapacidad Permanente:

Incapacidad Permanente Parcial

Cuya regulación legal se encuentra en los arts 196.1 TRLGSS y 194.3 TRLGSS en su redacción recogida en la Disp Trans Vigésima sexta TRLGSS ) y Art 9 del Decreto RD1646/1972, de 23 de junio, según el cual, el trabajador no puede desarrollar su profesión habitual plenamente, viendo disminuida su capacidad en al menos un 33%. La cuantía de la prestación consiste en una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía es igual a veinticuatro mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal de la que se deriva la incapacidad permanente.

Tratándose de trabajadores autónomos, la IPP se reconoce sólo si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, según estableció el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de marzo de 2017, y además, la disminución en el rendimiento del trabajo ha de ser del 50 % como mínimo, según STS de 18 de octubre de 2016.

Incapacidad Permanente Total

Arts 196.2 TRLGSS y 194.4 TRLGSS, según la redacción de la disp. Trans. Vigésima sexta TRLGSS, art 12.2 del Decreto 3158/1996, de 23 de diciembre, y Orden de 15 de abril de 1969 y RD1646/1972. El trabajador no puede desarrollar su profesión habitual, pero sí otras profesiones. La prestación consiste en una pensión, cuya cuantía es igual al 55 por 100 de la base reguladora, que se puede incrementar en un 20 por 100 más para los mayores de 55 años, cuando por su falta de preparación y por las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual, situación a la que se denomina como “Incapacidad Permanente Total Cualificada”.

Esta pensión puede ser sustituida excepcionalmente por una indemnización a tanto alzado, siempre que el incapacitado sea menor de 60 años, según un escalado que puede llegar como máximo a una cantidad equivalente a 84 mensualidades de la pensión, según lo establecido en el RD1646/1972, art 10.

Incapacidad Permanente Absoluta

Regulada en el art 194.5 TRLGSS en su redacción contenida en la Disp Trans vigésima sexta del TRLGSS y art 196.3 TRLGSS y 17 de la Orden de 15 de abril de 1969. El trabajador no puede desarrollar ninguna profesión. La prestación consiste en una pensión equivalente al 100 % de la base reguladora.

 Gran Invalidez

Regulada en el art 194.6, en su redacción recogida en la Disp Tran vigésima sexta del TRLGSS y art 196.4 TRLGSS. El afectado necesita la asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer y otros de similares características. La prestación consiste en el 100 % de la Base Reguladora, a la que se añade un complemento para remunerar a la persona que atienda al Gran Inválido que, como mínimo, alcanzará el 45 % de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador.

Hay que tener en cuenta que el cálculo de las bases reguladoras (no confundir con las bases de cotización) entraña cierta complejidad y nuestra recomendación es ponerse siempre en manos expertas.

¿Por qué elegir a PLP®?

En PLP sabemos, por experiencia, dónde se encuentran los obstáculos legales para obtener la declaración de Incapacidad Permanente, así como para conseguir que se reconozca el grado adecuado a la situación del afectado. Peritos independientes de reconocida reputación, aportarán a los expedientes administrativos y, en su caso, judiciales, los informes que ayuden a defender los derechos y los intereses de nuestros clientes. Estamos dispuestos a llegar a las últimas instancias judiciales si ello es necesario, porque estamos realmente convencidos de que luchar por los derechos de los pacientes, amparándoles y ayudándoles en este difícil camino es nuestra seña de identidad.

Además, valiéndonos de criterios médicos de expertos, determinamos desde el principio si existen posibilidades reales de conseguir que nuestros defendidos salgan beneficiados en cuanto al reconocimiento de sus derechos.

Nuestro conocimiento de la Ley y de la interpretación que hacen los Tribunales de la misma, es decir, de la Jurisprudencia, son una garantía de eficiencia en nuestro trabajo diario.

En PLP® sabemos que el reconocimiento de una Incapacidad Permanente no es un hecho jurídicamente aislado, sino que está en conexión con otras muchas circunstancias por las que atraviesa el afectado, tales como la compatibilidad de esta prestación con otras pensiones públicas o situaciones en las que en trabajador que está percibiendo la pensión, puede también desarrollar otras actividades lucrativas, conflictos que a veces surgen con el empresario en su relación como trabajador, y un largo etcétera de consecuencias jurídicas que tratamos en su integridad, dando seguridad a nuestros clientes.

¿Cómo trabajamos?

El interesado puede contactarnos directamente vía teléfono o e-mail, o elegir la opción de que le llamemos nosotros de forma gratuita en ambos casos. Si elige que seamos nosotros quienes le llamemos, nos comprometemos a hacerlo en un plazo máximo de 24 horas, en horario de lunes a viernes.

Posteriormente, atendiendo a la mayor o menor urgencia de la situación, concertaremos una cita en nuestro despacho para poder prestarle el asesoramiento jurídico que precisa.

En el supuesto de que el caso requiera la realización de acciones necesarias, tales como incoación de expedientes administrativos o judiciales, posteriores a esa primera visita profesional y, si el cliente así lo decide, nos encargamos de impulsarlas para proteger sus intereses.

Como parte de nuestra actuación ética, y pensando en las necesidades de los pacientes, siempre que esté justificado por su estado de salud, podemos desplazarnos para realizar la consulta en su propio domicilio o en la entidad en la que se encuentren ingresados. Como ya hemos dicho en el portal de nuestra web, PLP® es una empresa privada con una vocación pública de servicio, y este es un ejemplo más de ese espíritu.

Preguntas Frecuentes

¿Quién me pagará la Pensión de Incapacidad Permanente?

El INSS o el ISM, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social

¿Quién decide o declara la situación de Incapacidad Permanente?

El Órgano encargado de reconocer la situación de Incapacidad Permanente es la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y para ello, se apoyará en un dictamen-propuesta de un órgano denominado EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades).

¿Cuánto puede durar un procedimiento para determinar una Incapacidad Permanente?

En principio, dependerá de la complejidad del caso. Pero hay que tener en cuenta que, aunque en la práctica no siempre se cumple, el plazo que establece la Ley para terminar en procedimiento es de 135 días desde que empezó el mismo. Una vez transcurrido ese plazo, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo, quedando abierta la posibilidad de plantear demanda judicial ante la Jurisdicción Social, es decir, ante los Tribunales.

¿Puedo acudir directamente a los Tribunales de Justicia para que reconozcan la Incapacidad Permanente y ganar así algo de tiempo?

No. Primero tendremos que hacer la solicitud ante el órgano competente, que es la Dirección Provincial del INSS. Si dicho órgano deniega la solicitud expresamente mediante una resolución, o por silencio administrativo, tendremos 30 días para presentar una RECLAMACIÓN PREVIA ante el mismo órgano que dictó la resolución, que deberá responder en 45 días. Si resuelve negativamente o si deja pasar el plazo sin resolver, lo que implica silencio administrativo negativo, tendremos abierta la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia.

Aunque la RECLAMACIÓN PREVIA puede presentarse directamente por el interesado, nuestra recomendación es que se valgan de un abogado experto en la materia, ya que las alegaciones que vamos a exponer en dicha reclamación van a condicionar el contenido de la demanda que presentemos en el Juzgado, que no se podrá apartar de lo alegado en la reclamación previa, según lo previsto en el artículo 72 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Es un requisito procesal que si no manejamos bien, puede limitar nuestras posibilidades en un futuro inmediato. En la práctica, los abogados vemos reducido nuestro margen de alegaciones cuando la reclamación previa no es adecuada o suficientemente extensa.

¿Qué sucede si se declara mi derecho a la Incapacidad Permanente y más adelante mi situación mejora? ¿Habré perdido mi trabajo y encima me quedo sin la pensión?

Cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador, en los grados de Incapacidad Permanente, vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo durante dos años a contar desde la fecha de resolución por la que se declara la incapacidad permanente. En estos casos la Ley nos da cierto amparo a la hora de que podamos conservar nuestro puesto de trabajo. Quedaría fuera el caso de la Incapacidad Permanente Parcial.

Además, si la mejoría implicara sólo un cambio de grado, la pensión se adecuaría a la situación real.

¿Para llegar a que se me reconozca un la Incapacidad Permanente, tengo que haber estado previamente con una Incapacidad Temporal?

No necesariamente. Distingamos tres supuestos:

  • La IP puede surgir tras haberse extinguido la IT. Esto, a su vez, puede ocurrir por tres motivos:
    • Agotamiento del plazo máximo de 545 de duración de la IT
    • Alta Médica con propuesta de IP
    • Acuerdo del INSS por el que se inicia el procedimiento para reconocer la IP

En todos estos casos se entiende que el hecho causante de la IP se ha producido en la fecha de extinción de la IT. Pero los efectos económicos varían en función de si la cantidad recibida por IT es mayor o menor que la recibida por IP. Si la IP es inferior a la IT, los efectos económicos se producen desde el día de la propuesta de resolución del Equipo de Valoración de Incapacidades. En caso contrario, los efectos económicos se despliegan en la fecha de la extinción de la IT.

  • La IP puede surgir sin haber existido una IT previa o ésta no se ha extinguido:

El hecho causante se entiende producido en la fecha de emisión del Dictamen Propuesta del EVI, fecha en la que también comienzan los efectos económicos de la IP

  • La IP se puede producir desde una situación de No Alta ni Alta Asimilada (sólo para Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez). En estos casos, el hecho causante de la IP se entiende producido el día de la solicitud de la prestación y los efectos económicos de la IP también son a partir de esa fecha.

Estoy en una situación de Incapacidad Permanente, cobrando la prestación correspondiente desde hace algún tiempo, pero estoy a punto de cumplir mi edad de jubilación. ¿Perderé la pensión?

El artículo 200.4 de la Ley General de la Seguridad Social establece los siguiente: “Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo.”

¿Tengo alguna posibilidad de cobrar una pensión por Incapacidad Permanente derivada de contingencias comunes, si en el momento de producirse el hecho causante ya tengo cumplida la edad de jubilación, pero no tengo los requisitos para cobrar la misma?

Sí. La Ley establece que, en estos casos, la posibilidad de cobrar la IP, siendo la cuantía equivalente al resultado de aplicar a la correspondiente Base Reguladora el porcentaje que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido para el acceso a la pensión de jubilación. Art 196.5 TRLGSS

Pero si en el momento del hecho causante el afectado ya ha alcanzado la edad de jubilación y cumple los requisitos para cobrar la misma, no tendrá derecho a la prestación por IP. Art 195.1, párrafo 2º TRLGSS

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión por Incapacidad Permanente?

Los requisitos generales para acceder a una pensión de incapacidad Permanente afectan a los siguientes conceptos:

  • No haber alcanzado la edad de Jubilación
  • Estar de Alta en SS o en situación asimilada
  • Haber cumplido con los períodos mínimos de cotización exigidos por la Ley, exigible sólo en el caso de contingencias comunes, ya que en el supuesto de contingencias profesionales no hay período alguno de carencia. Las carencias son:
    • IPP: 1.800 días en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la incapacidad
    • IPT, IPA ó GI: el período de cotización varía en función de que el trabajador sea mayor o menor de 31 años¨
      • Si es menor de 31 años es necesario haber cotizado la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la fecha del hecho causante de la pensión.
      • Si el trabajador tiene más de 31 años, se exige un período de cotización genérico y otro específico:
        • Genérico: tener cotizada una cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y el día en que se produjo la incapacidad con un mínimo de 5 años, no computándose las fracciones de tiempo inferiores a seis meses.
        • Específico: al menos la quinta parte (de la cuarta parte) deberá haberse cotizado en los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

Aunque estas son las reglas generales, hay que tener en cuenta que existen excepciones. Por ejemplo,

  • Tendremos derecho a la pensión si ya hemos rebasado la edad de jubilación cuando sucede el hecho causante, en el caso de que no tengamos cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
  • No es necesario estar de alta en SS en el caso de la Incapacidad Permanente Absoluta o en el de Gran Invalidez, lógicamente, pensando en un accidente no laboral. Aun así, en este caso se le exigirá un período mínimo de cotización de 15 años, de los que al menos la quinta parte deben haberse cotizado dentro de los 10 años anteriores al hecho causante. Art 195.4 TRLGSS

Existen algunas otras excepciones que dependen del grado de incapacidad cuyo reconocimiento se pretende, por lo que habrá que estar en todo momento a la regulación legal específica de cada grado.

Para determinar el tiempo de cotización o carencia necesaria para tener derecho a la pensión habrá que incluir en el cómputo la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias.

En mi caso soy autónomo. ¿También tengo derecho a que se me reconozca una pensión por Incapacidad Permanente?

Efectivamente. Pero en el caso de Incapacidad Permanente Parcial, sólo se reconocerá si proviene de una contingencia profesional. Además, en este caso la disminución de la capacidad profesional de, como mínimo, del 50%.

He tenido una lesión de carácter permanente pero la reducción funcional de la capacidad de trabajo que se me ha reconocido no llega al 33 %, por lo que no tengo derecho a que se me reconozca una Incapacidad Permanente Parcial. ¿Puedo hacer algo más?

Efectivamente. Aún se puede solicitar una indemnización por baremo, reconocida en el artículo 201 de la Ley General de Seguridad Social, que establece lo siguiente: “Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente conforme a lo establecido en el capítulo anterior, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley, serán indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la entidad que estuviera obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa”. Esta prestación es derivada de lo que se ha dado en llamar “Lesiones Permanentes No Invalidantes”

Tengamos en cuenta que esta indemnización procede de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pero no corresponde abonarla al empresario. En el caso de que la lesión haya sido provocada por culpa o negligencia del empresario, por no cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, además habría que actuar procediendo contra la empresa por responsabilidad civil, exigiendo la indemnización correspondiente que, en este caso, sí será a cargo de la empresa, bien directamente, o a través de su Compañía Aseguradora, sin perjuicio de poder iniciar un expediente de recargo de prestaciones con base en la Lesión Permanente No Invalidante previamente reconocida.

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